ASPE interpone denuncia ante la CNMC contra el acuerdo Generali-Sanitas

La Alianza de la Sanidad Privada Española, patronal del sector de la provisión sanitaria, se ha visto obligada a acudir a instancias judiciales y administrativas por la práctica anticompetitiva implementada por Sanitas SA y Generali España, tras frustrarse los intentos desde hace meses de dialogar, como entidad de representación del sector, con ambas aseguradoras de salud. El acuerdo denunciado se suscribió en octubre de 2022 y se aplica desde el 1 de enero de 2023.

Mediante este acuerdo, ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de estos, acordados previamente entre esa aseguradora y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, otra compañía aseguradora, resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e imponiendo un nuevo marco no acordado.

Los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas se están viendo obligados así a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali. Hay que recordar que la red de asistencia sanitaria de Sanitas, se soporta en un 99% en centros concertados, no propios.

Entre otras consecuencias, el principal efecto que busca este acuerdo, de imposición unilateral, es recortar las tarifas que paga Generali a los centros, hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola. En la actualidad, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad.

Instancias judiciales y CNMC

Por tanto, ASPE ha interpuesto en el día de hoy una denuncia por estos hechos ante la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el pasado viernes presentó en los juzgados de los Mercantil de Madrid unas diligencias preliminares previas a la demanda.

Según el dictamen jurídico encargado por ASPE, las aseguradoras Sanitas y Generali vulneran la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe. A juicio de ASPE el acuerdo produce distintas consecuencias alejadas del marco normativo:

– Falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas.

– La concurrencia de una conducta que elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales.

La patronal trata de evitar nuevos precedentes anticompetitivos y de competencia desleal por parte del sector de aseguramiento de salud.

Perjuicio a los pacientes

Asimismo, ASPE denuncia que el acuerdo afecta a los derechos de los asegurados de Generali (más de 150.000), los cuales pueden verse privados de acudir al profesional sanitario al que acuden habitualmente. Situación que se agrava en los casos de asegurados de avanzada edad debido a las dificultades que puede suponer el cambio de compañía aseguradora para personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren mayor uso de los servicios sanitarios o patologías complejas (como por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades neurológicas).

Sin voluntad real de buscar soluciones

Desde el anuncio del acuerdo en octubre de 2022, ASPE ha solicitado en reiteradas ocasiones, tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo para poder valorar sus consecuencias sobre los centros médicos y poder abordar una posible negociación. Asimismo, dio traslado a la organización UNESPA de unas prácticas inapropiadas y contrarias a la normativa vigente.

ASPE remitió a ambas compañías el 3 de mayo un escrito exigiendo el cese de su conducta y el cumplimiento de los acuerdos de prestación de servicios suscritos previamente por los centros sanitarios con Generali, dando un plazo de respuesta hasta el 17 de mayo antes de la interposición de acciones legales. Ese mismo día denunció públicamente la situación y Generali alegó que su ausencia de contestación durante seis meses se debía a problemas de “coordinación interna”. Ante ello, y pese a haberse producido contactos posteriores con ambas compañías, la patronal sanitaria se ve obligada a iniciar las acciones jurídicas anunciadas debido a la imposibilidad manifiesta de revertir la situación actual.

Para Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, toda esta situación “no es admisible ni para los miles de asegurados de Generali que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales ni para nuestros asociados con concierto con Sanitas que se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles condiciones no acordadas, de forma contraria a la Ley, ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”.