La Alianza de la Sanidad Privada Española muestra su preocupación ante el intento irresponsable de confrontación que, una vez más desde determinadas agrupaciones políticas, descalifica el modelo de complementariedad público-privado en materia sanitaria.

Ante el rechazo del grupo parlamentario Unidas Podemos del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad por considerar que “permite la privatización» de la sanidad pública, el sector de la provisión sanitaria se ve en la obligación de hacer un llamamiento al análisis objetivo que desmiente este tipo de ataques injustificados que no hacen más que desestabilizar el Sistema Nacional de Salud.

Así, y atendiendo a los datos del propio Ministerio de Sanidad, solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a conciertos, lo que permite reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen, terapias respiratorias y diálisis, entre otras muchas de las áreas que comprenden la atención sanitaria integral.

La colaboración público-privada funciona con carácter general de forma eficaz en el conjunto de territorios. En relación a la alusión de Unidas Podemos a la Comunidad Valenciana, en el caso de la no renovación de concesiones de los hospitales de Torrevieja y Alzira, cabe recordar el sobrecoste de 76 millones de euros generado solo por este último centro tras su vuelta a la gestión pública. Si bien se siguen produciendo conciertos de colaboración público-privada.

Por otro lado, que una empresa sanitaria sea la responsable de gestionar un concierto no implica que la calidad asistencial se vea deteriorada, ya que es precisamente la flexibilidad de la gestión la que en muchos casos posibilita la eficiencia operativa y una estructura de costes ajustada que permite mantener la calidad asistencial de los ciudadanos.

Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “se trata de un nuevo intento de enfrentar a la sanidad pública y a la privada sin otra motivación que la ideología”, cuando lo prioritario debe ser  “velar por la eficiencia del servicio al ciudadano, evitando en todo momento que este se vea condicionado por decisiones puramente de carácter político en contra de la calidad asistencial”.