La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) quiere manifestar su preocupación por la interpretación que se hace en Galicia de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Al igual que pasa en otras comunidades, como Extremadura o la Región de Murcia, los médicos que trabajan en la sanidad pública tienen serias dificultades para compatibilizar sus labores profesionales con el ejercicio en la privada.

Así, ASPE siempre ha reivindicado la unificación de criterios en este sentido en todo el territorio nacional. No es lógico, ni justo, que un médico dependiendo de la comunidad autónoma en la que ejerza pueda -o no- trabajar en el sector público y privado de forma simultánea.

En este contexto, varios profesionales sanitarios han denunciado que se está produciendo una “interpretación errónea de una ley obsoleta, que está ocasionando graves problemas a alrededor de setenta facultativos, a raíz de las denuncias presentadas por colectivos como Batas Blancas” durante un debate sobre las incompatibilidades de los médicos en la actividad pública y privada organizado por la UIMP y celebrado ayer en el Colegio de Médicos de A Coruña.

El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, explicó que “la práctica totalidad de los hospitales privados tienen concierto con el Sergas, por lo que -tal y como se está entendiendo la ley aquí-, hace que el segundo puesto de trabajo sea incompatible, ya que ningún médico del Sergas podría ejercer en otro centro si este tiene algún tipo de concierto, incluso de otra especialidad, con la Administración”.

Esta tesitura, que provoca una situación de inseguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los centros sanitarios, podría solventarse « si por decreto la Xunta concretase razones de “interés público” para modificarla, como ya se hace en otros sectores », señaló Jaime Rodríguez –Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Coruña.

No hay que olvidar que con estas trabas que se ponen al libre ejercicio profesional del médico los ciudadanos son los principales perjudicados, ya que el servicio empeora indudablemente. En primer lugar porque los centros que se plantean establecer un concierto con la Administración, pueden replanteárselo si saben que tendrán problemas a posteriori para contratar a determinados profesionales. Por otro lado, estaría la dificultad para contratar que de por sí tienen los centros que ya tienen firmados esos acuerdos, con el Sergas en este caso, lo que revierte negativamente en la atención que ofrecen a sus pacientes.

Desde ASPE defendemos la necesidad de que prevalezca el derecho del ciudadano a recibir asistencia sanitaria con plenas garantías de calidad, sobre todo teniendo en cuenta que la falta de médicos en determinadas especialidades es una realidad en nuestro país, existiendo zonas en las que no se cubren las plazas, quedando vacantes, tanto en los públicos como en los privados. Para poner solución a esta situación, deberían llevarse a cabo medidas que faciliten la contratación por parte de ambos sectores, aludiendo directamente al “interés público” mencionado anteriormente, pues es un supuesto previsto por la Ley, y no poner impedimentos.

La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada española. Agrupa a más de 575 entidades sanitarias y representa a más del 75% de los centros hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, que da empleo a más de 260.000 profesionales en nuestro país y representa el 3,5% de nuestro PIB.