La Alianza de la Sanidad Privada Española quiere responder a la petición realizada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), tras la disminución de reservas de sangre del grupo 0, de que “desde la sanidad pública no se venda ni un solo concentrado a centros privados”.

Desde la ADSPC critican que “el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) vende sangre a clínicas privadas”. En primer lugar, debemos recordar que la donación es un acto voluntario, regulado por ley, en el que no hay beneficio económico ni para el que dona, ni pare el que consume. Sin embargo, el procesamiento de la sangre conlleva unos gastos que repercuten en quien la usa. Es decir, no se paga la sangre, sino los gastos que se derivan de este procesamiento, por lo que recalcamos que no se hace negocio con ella.

Desde el ICHH aclaran que estos gastos están fijados legalmente, así como los criterios de reparto de la sangre, cuyos criterios de prioridad son: Urgencias, centros de referencia (públicos) y, en último lugar, los hospitales privados.

En este punto, queremos hacer especial hincapié en que la sanidad privada atiende un 23% de las urgencias en nuestro país y realiza el 30% de los actos quirúrgicos, actividad que difícilmente se podría mantener con las restricciones propuestas por la ADSCP. Estas cifras dejan patente una vez más la necesaria colaboración entre el sector sanitario público y privado para asegurar la sostenibilidad del SNS.

Ante esta situación, desde ASPE nos preguntamos si para la ADSPC existen ciudadanos de primera y de segunda, ¿acaso tiene más derechos el paciente que es atendido en el sector sanitario público que el que está cubierto por la sanidad privada?

La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada española. Agrupa a más de 600 entidades sanitarias y representa a más del 75% de los centros hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, que da empleo a más de 250.000 profesionales en nuestro país y representa el 3,2% de nuestro PIB.