La Alianza de la Sanidad Privada Española muestra su preocupación ante la disparidad de criterios a la hora de permitir a los médicos de la sanidad pública compatibilizar su ejercicio con actividades laborales privadas, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

A pesar de la existencia de una normativa básica estatal -el artículo 76 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud de 2003 y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades en la función pública-, que determina la aprobación por parte de la inspección de trabajo a este respecto, lo cierto es que cada región ha optado por una solución.

A nuestro entender, es absolutamente ilógico que existan estas diferencias en un asunto tan primordial para todos los españoles como la sanidad, que debería regirse por los mismos principios en todo el país. De lo contrario, se da lugar a una situación injusta para algunos ciudadanos, que no disfrutan de las mismas condiciones que otros, por el simple hecho de vivir en una comunidad autónoma determinada.

Lo que establece la Ley estatal es que se permite a los médicos de la pública compatibilizar con la sanidad privada, pero les está prohibido el ejercicio simultáneo en los servicios de salud públicos y en las mutuas de funcionarios –Isfas, Mugeju, Muface…–.

Asimismo, en los caso de centros con algún servicio concertado con los órganos competentes de cada comunidad autónoma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas señaló –en respuesta a una consulta realizada por ASPE- que “tendría la consideración de actividad pública, la actividad desarrollada por el personal del centro sanitario privado afectado por el objeto del concierto suscrito con el correspondiente Servicio Autonómico de Salud, o el que conste en el listado de personal remitido al efecto”.

Ante esta falta de unificación de criterios a este respecto que prevalece en nuestro país, ASPE muestra su absoluto rechazo a esta situación y aboga por la aplicación de la Ley estatal, que iguale las condiciones del ejercicio de la profesión médica en el sector sanitario público y privado, sin importar la comunidad autónoma donde se presten los servicios.

Consideramos que los principales perjudicados de todo esto son los propios ciudadanos, usuarios del sistema sanitario, puesto que nos preguntamos qué pasará el día en el que haya pocos profesionales si en lugar de darles facilidades para realizar su trabajo desde los gobiernos autonómicos, se les ponen trabas para ejercer.

Esta pregunta hipotética es ya la realidad que se vive en algunas zonas de España, donde no hay especialistas suficientes que cubran las plazas que surgen en hospitales, tanto públicos como privados.

A nuestro juicio, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas deben tener esta situación en cuenta para, en caso de que sea necesario, “posibilitar el desempeño de dos actividades en el sector público por razón de interés público”, supuesto previsto por la Ley.

La normativa estatal no da lugar a interpretaciones, debería aplicarse por igual en todo el territorio nacional con el fin de minimizar las desigualdades entre todos, hasta hacerlas desaparecer. De esta forma, tendríamos la certeza de que los ciudadanos, elijan lo que elijan –ser atendidos en el sistema público o privado- serán tratados con plenas garantías de calidad.