La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa  a más del 80% de los centros sanitarios del país, ha enviado en el día de ayer sendas cartas dirigidas a los titulares de las carteras de Sanidad y de Universidades para expresarles la necesaria consideración de desarrollar, de cara a los refugiados ucranianos, el Convenio sobre Reconocimiento de Lisboa y así adoptar “medidas que permitan evaluar con equidad y prontitud si los refugiados ucranianos reúnen los requisitos de acceso a una profesión sanitaria”.

Este Convenio, para Reconocimiento de Cualificaciones Relativas a la Educación Superior en la Región Europea, se encuentra en vigor para España desde el 1 de diciembre del 2009. El propósito de ASPE es, por tanto, solucionar la situación que afecta a los refugiados de Ucrania en España que, siendo profesionales sanitarios, no pueden ejercer su profesión aquí. Para ello, se propone el desarrollo de un mecanismo, el Pasaporte Europeo de Cualificaciones Profesionales, suscrito mediante Convenio Internacional por España hace 13 años.

Este mecanismo se aplica ya en otro país de la Unión Europea desde el pasado 21 de marzo. Italia aprobó un Decreto Ley de medidas urgentes para contrarrestar los efectos económicos y humanitarios de la crisis de Ucrania, activando de esta forma el Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, por el cual, mediante un sistema de evaluación y entrevistas, los refugiados van a poder ejercer las profesiones sanitarias hasta marzo de 2023.

El Convenio de Reconocimiento de Lisboa (sección VII, artículo VII”) establece que se adoptarán “los procedimientos que permitan evaluar con equidad y prontitud si los refugiados, las personas desplazadas y las personas asimiladas a los refugiados reúnen los requisitos pertinentes de acceso a la educación superior, o a programas complementarios de educación superior, o a actividades laborales, aun cuando no se puedan presentar pruebas documentales de las cualificaciones obtenidas”.

Para Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, “se dan las condiciones precisas para actuar con diligencia de cara a habilitar este colectivo concreto de refugiados para ejercer la profesión sanitaria en España, previo procedimiento de evaluación”.

Atajar el déficit de profesionales sanitarios

Este mecanismo permitiría reducir al mismo tiempo el profundo déficit de profesionales en el sistema sanitario español, del que la sanidad privada adolece de forma significativa. ASPE viene alertando en distintas ocasiones y foros de esta grave escasez, que condiciona el buen desarrollo del Sistema Nacional de Salud.

La sanidad privada, a pesar de que durante la pandemia ha afrontado dificultades extremas para la contratación de profesionales sanitarios y, que aún así, el numero de estos trabajadores ha aumentado un 6,6%, sigue precisando de la incorporación de nuevos profesionales, especialmente de personal de enfermería (el 95% de los hospitales establece que tiene una necesidad media-alta) y de médicos (el 58% fija su necesidad en media-alta).

Luis Mendicuti señala que “la búsqueda activa de profesionales requiere impulsar todos los mecanismos disponibles para hacer frente a esta grave escasez, y la homologación de títulos de profesionales sanitarios extracomunitarios es imprescindible en estas circunstancias”.

Con carácter general, se estima que existe una lista de espera de alrededor de 3000 médicos extracomunitarios pendientes de la homologación de su título, debido a la amplia demora de los procesos burocráticos. ASPE sigue solicitando a la Administración una agilización de estos trámites para favorecer la incorporación de los profesionales al sistema sanitario español.

ASPE es la patronal de la sanidad privada de España, que agrupa a 750 asociados con un total de 1.300 centros sanitarios privados, entre los que se encuentran hospitales y clínicas, centros especializados y laboratorios. La institución cuenta con una representación superior al 80% de los centros hospitalarios privados del país. Forman parte de la Alianza las asociaciones territoriales de Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Andalucía, Galicia, Islas Baleares y Murcia.