La Alianza de la Sanidad Privada Española presentó ayer formalmente ante el Defensor del Pueblo la solicitud del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunidad Valenciana, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.

Tras la reunión mantenida con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el viernes pasado, desde ASPE se ha dado un paso más en la defensa de la Sanidad Privada, que se está viendo especialmente atacada en comunidades autónomas como la Comunidad Valencia, donde esta Ley busca excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos.

En esta situación se encuentra también Aragón y podría llegar a producirse en otras regiones como Cataluña. Ante la posibilidad de que esta flagrante injusticia siga extendiéndose por el resto de España, ASPE ha solicitado la actuación de la Defensora del Pueblo, basándose en los siguientes puntos:

• Consideramos que se vulnera el principio de jerarquía normativa en la medida en que la ley autonómica vulnera la legislación básica estatal en materia de contratos y concesiones administrativas, y sectorial sobre la concertación de los servicios sanitarios.
• Entendemos que se vulnera, asimismo, la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las bases y coordinación de la sanidad, ya que la Ley 7/2017 excluye de la actividad concertada a las entidades con ánimo de lucro, cuando la norma de bases estatal que regula la actividad concertada de los servicios sanitarios, no establece tal exclusión.
• Concluimos que se vulnera, además, el derecho de igualdad de trato y de no discriminación, puesto que la Ley 7/2017 dispensa un trato desigual a las entidades sin ánimo de lucro con respecto a las entidades con ánimo de lucro, al excluir a estas últimas de la acción concertada sanitaria sin atender a criterios de la capacidad del empresario para realizar las prestaciones propias del contrato.

Por todo ello, ASPE pide a la Defensora del Pueblo que proceda a interponer un recurso de Inconstitucionalidad y a solicitar la suspensión cautelar contra dicha Ley, ya que consideramos que afecta a derechos fundamentales y constitucionalmente reconocidos.

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