La Alianza de la Sanidad Privada Española se muestra una vez más contraria a cualquier ejercicio de denostación del sector sanitario. La iniciativa popular presentada en el Congreso de los Diputados por parte de un grupo de 14 profesionales que pide derogar la Ley de Formas de Gestión, revertir los conciertos de salud y crear una empresa pública de medicamentos es una propuesta sustentada únicamente en razones ideológicas y que ignora totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud.  

En el seno de ASPE sorprende aún más que, la propuesta de este reducido grupo de sanitarios relacionados con el grupo parlamentario Unidas Podemos, actualmente en el Gobierno, pase por alto la labor sobradamente conocida de las más de 400 infraestructuras hospitalarias repartidas por toda España que han permanecido en primera línea frente a la pandemia.

En opinión de Carlos Rus, presidente de ASPE, “olvidar que la sanidad privada atendió al 30% de las hospitalizaciones e ingresos en UCI de pacientes COVID y miles de derivaciones de la pública en la peor fase de la pandemia es inadmisible”. Se trata por tanto de una iniciativa popular que “carece de un mínimo análisis objetivo de lo que aporta nuestra provisión sanitaria al conjunto del Sistema Nacional de Salud”, continúa, “más aún en el momento que atravesamos, de alarmante incremento de las listas de espera provocado por el virus”.

Claves de la cooperación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud

Atiendo a los datos oficiales, los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados contribuyen de manera significativa, tal como quedaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986, a desahogar listas de espera, a campañas de atención médica puntual, concesiones administrativas de determinados complejos sanitarios o al propio sistema de mutualidades de funcionarios.

Según el propio Ministerio de Sanidad, el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a conciertos, lo que permite reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen, terapias respiratorias y diálisis, entre otras muchas de las áreas que comprenden la atención sanitaria integral.

De otro lado, cabe recordar ejemplos de reversiones de conciertos sanitarios acometidos recientemente que han demostrado ser un error, como los casos valencianos de Torrevieja y Alzira. Solo el fin de la concesión de este último ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros y ha triplicado las listas de espera.

Como ASPE ha expresado en reiteradas ocasiones, cualquier ataque sustentado únicamente en base ideológica contra la convivencia y la colaboración complementaria entre ambas partes del SNS, recogido en la Ley General de Sanidad, es completamente inexplicable y tiene como perjuicio último un daño a la atención sanitaria del conjunto de la sociedad.

Desde sus orígenes, el modelo de colaboración público-privada en el sistema dual de salud español supone no sólo una gestión eficiente de los recursos en materia de atención médica, sino una opción altamente eficaz para corregir situaciones de incremento de demandas puntuales, como el colapso sanitario vivido durante esta pandemia.