Recientemente la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha anunciado que “reformará la ley de Salud para que la gestión pública sea preferente”, lo que parece indicar que la intención del Gobierno valenciano es continuar con la discriminación que está sufriendo la sanidad privada en esta Comunidad.

Además de este último anuncio, en la actualidad se está tramitando el proyecto de ley sobre la acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, que trae causa del Decreto Ley 7/2016 de 4 de noviembre de 2016. Este Decreto Ley se publicó por la vía de urgencia aprovechando la falta de transposición por parte del Estado de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, y su único objetivo a la vista del texto publicado era el de excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos, algo contrario a los principios del Derecho europeo de libre circulación de servicios y de apertura a la competencia no falseada y más amplia posible.

A juicio de la Alianza de la Sanidad Privada Española, esta regulación, además de ser contraria a los principios de transparencia y no discriminación, también infringe la normativa básica del Estado. El legislador, haciendo uso de la facultad otorgada por la Constitución Española (art. 149.13ª) de establecer las bases y coordinación general de la sanidad, elaboró la Ley General de Sanidad y en la misma no está prevista la posibilidad de excluir a las entidades con ánimo de lucro a los efectos de establecimiento de conciertos sanitarios.

En este sentido, no es la primera vez que ocurre en nuestro país que una ley autonómica que establece una preferencia para determinadas personas jurídicas es declarada inconstitucional. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2015 una ley de la Comunidad de Madrid que otorgaba una preferencia a las sociedades de profesionales que estuvieran constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios que prestaran sus servicios en el Servicio Madrileño de Salud, debido a que esta preferencia no tenía relación con la solvencia económica y financiera, profesional y técnica que señalaba la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.

Según Carmen Montón “el sistema sanitario es un instrumento de cohesión social, de garantía de derechos, de equidad, de lucha contra la desigualdad. Y eso sólo es factible desde lo público”, algo que desde ASPE negamos tajantemente en plena coincidencia con la estrategia y política sanitaria abanderada por la UE. El sector privado es fundamental para el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud Español y del resto de los Estados miembros. Valga, asismismo, constatar que el hecho de que el ciudadano tenga acceso a una sanidad pública y gratuita no tiene que significar necesariamente que la gestión del hospital donde es tratado deba ser pública. El objetivo de toda gestión debe ser el de ofrecer un servicio eficaz, eficiente y de calidad y, en consecuencia, obtener la satisfacción del paciente, con independencia del origen del proveedor. Los modelos de colaboración público-privada que conocemos presentan altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios, que destacan mayor accesibilidad, mejores infraestructuras y un trato más personalizado frente a la sanidad pública.

La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada española. Agrupa a más de 600 entidades sanitarias y representa a más del 75% de los centros hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, que da empleo a más de 250.000 profesionales en nuestro país y representa el 3,2% de nuestro PIB.