La Alianza de la Sanidad Privada Española quiere mostrar su inquietud ante la aprobación mañana en el Consejo de Ministros de una “ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud”, que establece la excepcionalidad de los recursos que facilita el sector de provisión sanitaria ante las necesidades del Sistema Nacional de Salud. De aprobarse esta iniciativa legislativa, España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud.

ASPE considera que la pretensión de llevar a cabo acciones como derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud. De igual modo lo es pasar por alto la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios.

A este respecto, cabe recordar que solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a este concepto. Y es que el sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario, mientras que en el ámbito diagnóstico nacional, el 45% de las resonancias magnéticas; el 23% de TACs y el 24% PETs se realizan en la sanidad privada.

«Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia del COVID sin tener a los recursos privados a disposición«, recuerda el presidente de ASPE, Carlos Rus. 

Y es que 1 de cada 3 pacientes hospitalizados por COVID en España ha sido atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública: 63.800 hospitalizados sobre 211.064, en base a los datos a 31 de diciembre de 2020, es decir, el 30,2%. Además, el 29% de los afectados que han requerido asistencia en UCI (5.302 pacientes sobre 18.251) a nivel estatal fueron atendidos en centros hospitalarios privados. «Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario», insiste el presidente de ASPE.

Limitación de las competencias de gestión de las CCAA

Lejos de mejorar y ampliar los derechos de los ciudadanos, como se ha argumentado en alguna ocasión desde el Ministerio de Sanidad, lo que dimanará de la futura ley es una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional. “Se está limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas«, señala Rus.

Esto es así porque lo que se pretende es minimizar las vías de colaboración sanitaria público-privada, probadamente eficaces y, hacerlo, precisamente en un contexto de aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población, un incremento de la cronicidad de muchas patologías y un volumen de listas de espera para intervenciones quirúrgicas y atención especializada alarmantes.

Contexto de listas de espera inasumibles

ASPE recuerda que el sector de la provisión sanitaria es parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, con el 56% total de centros hospitalarios y el 32% del total de camas existentes en España, además de 12.000 centros extrahospitalarios. 

Y más, si cabe, en el contexto actual en el que un total de 706.740 pacientes estaban a día 31 de diciembre de 2021 en lista de espera para operarse en la sanidad pública, la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2003, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad.

Hay que saber además que, por lo general, el sistema de conciertos opera en condiciones significativamente más ventajosas en costes que a precio público. Los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% a un 69% menores.

En última instancia, esta patronal considera que el escenario -mitín de la campaña electoral a la presidencia de la Junta de Andalucía- y términos utilizados en la alusión a la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública, como si estas estuvieran en peligro por la colaboración público-privada, la cual existe desde 1986 y viene siendo utilizada por gobiernos autonómicos de todo signo político, responde a un objetivo electoralista y poco riguroso.