El modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado adolece de un problema sistémico: la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años y el sector pide una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria. Esta demanda viene dándose en los últimos años por parte del sector sanitario a las entidades gestoras.

El nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años, en negociación, calcula un incremento de las tarifas del 8% en 2022 y hasta el 10% en los dos próximos años. El sector sanitario privado considera insuficiente este alza con objeto de adecuar la remuneración en la prestación de estos servicios.

Para ASPE, las condiciones deficitarias actuales de remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los costes tanto de la provisión de material sanitario como del mantenimiento de los profesionales adecuados.

En esta situación, y sin cerrarse un concierto sanitario en condiciones que equilibren la relación, la sanidad privada teme que, dada la infra financiación, se produzca una concentración de servicios y prestaciones en el sector para poder tratar de contener el déficit de la cuenta, lo que podría perjudicar tanto a mutualistas como a hospitales.

Por otro lado, el sector pide que la atención de casos COVID-19 disponga de una remuneración diferencial más elevada.

Mutualismo administrativo: un sistema de ahorro público

El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del estudio ‘Impacto del cambio de modelo de las Mutualidades’ de la Fundación IDIS, y que se deriva del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media (917 euros anuales por asegurado) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.368 euros), en concreto 451 euros menos.

En el caso de prosperar la Proposición No de Ley de Unidas Podemos, que presentó en el Congreso de los Diputados hace días contra el actual sistema, se estima que el mayor impacto final se trasladará a la actividad asistencial pública, al tener que asumir la asistencia de cerca de 2,1 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares. Esto contribuiría a agravar la situación de una sanidad ya sobretensionada, especialmente en la situación actual de pandemia.

El aumento de la edad media de la cartera implica un aumento de siniestralidad. Este hecho, unido al encarecimiento de la prestación y a la inclusión de nuevas prestaciones, dificulta la sostenibilidad del modelo dado que la siniestralidad se aproxima o supera el 100% en algunas ocasiones.