La Alianza de la Sanidad Privada Española advierte que el conjunto de los profesionales sanitarios, tanto si están vinculados laboralmente a la sanidad pública o la privada, deben ser incluidos en los grupos prioritarios de vacunación covid-19 que, tras la autorización de la Unión Europea, podría iniciarse en las próximas semanas.

La patronal considera preocupante que hasta el momento solo cinco comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía y La Rioja) hayan solicitado datos de los profesionales de la sanidad privada, con la intención de incluirlos dentro de los grupos preferentes de riesgo establecidos en la propia ‘Estrategia de Vacunación COVID-19’ del Ministerio de Sanidad. El personal sanitario y sociosanitario está considerado prioritario en dicho documento, sin especificar en ningún momento su procedencia o que quedan excluidos explícitamente los profesionales de la sanidad privada.

“Se estaría aplicando un criterio totalmente discriminatorio, carente de sentido y que pondría en riesgo a una parte importante del colectivo sanitario asistencial que, al igual que el resto de profesionales de la salud, ha estado y está en primera línea frente a la pandemia”, denuncia el presidente de ASPE, Carlos Rus.

“Los profesionales que trabajan en nuestros 460 hospitales son parte del colectivo sanitario y están expuestos al mismo riesgo de contagio del virus, por lo que excluirles de la vacunación preferente sería un despropósito”, añade.

La sanidad privada atiende habitualmente a más de 12 millones de españoles, uno de cada cuatro ciudadanos que acuden de forma regular a centros distribuidos por todo el país para cuidar su salud. “Con la adopción de este criterio estaríamos poniendo en juego a su vez la salud de los pacientes”, insiste el presidente de la patronal.

Esta discriminación entre profesionales sanitarios de la pública y la privada sería igualmente contraria al reciente pronunciamiento del Comité de Bioética, adscrito al Ministerio de Sanidad. El organismo alude al cumplimiento del imperativo deontológico ‘Primum non nocere’ («primero no hacer daño») para considerar que todos los facultativos y resto de personal sanitario deberían estar obligados a vacunarse, ya que de otra forma estarían poniendo en riesgo a los pacientes que vayan a tratar.

Participación de la sanidad privada en la vacunación covid-19

A pesar de que la sanidad privada no ha sido convocada a participar en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, ASPE ha tendido la mano a las autoridades sanitarias con el fin de establecer una colaboración efectiva que pueda contribuir a acelerar la vacunación en España, al igual que ya participa en otras campañas como la de la gripe. En esta línea, se han enviado misivas especificando la puesta a disposición de medios tanto al ministro de Sanidad Salvador Illa como a los consejeros de Salud autonómicos de Madrid, Canarias, Valencia, Extremadura, Cantabria, Castilla Mancha, Asturias y Aragón.